Un operativo histórico en Brasil dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro, en medio de una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico.
El gobierno de Brasil llevó a cabo este martes el mayor operativo policial de las últimas décadas en la ciudad de Río de Janeiro, con el objetivo de desmantelar al grupo criminal Comando Vermelho.
La acción, encabezada por fuerzas civiles y militares, dejó al menos 64 personas muertas y 81 detenidas, en lo que las autoridades describieron como una “operación sin precedentes” contra el narcotráfico.
El despliegue involucró a cerca de 2.500 agentes de seguridad, helicópteros, blindados y equipos tácticos que ingresaron a los complejos del Alemão y Penha, dos zonas históricamente controladas por el Comando Vermelho.
Según fuentes oficiales, cuatro de los muertos eran policías, mientras que varios residentes resultaron heridos en medio de los tiroteos que se extendieron durante horas.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, calificó el operativo como “el más grande en la historia de las fuerzas de seguridad del estado”. Aseguró que la acción “comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación de más de un año, planificada durante más de sesenta días”.
“Se trata de una operación estatal contra los narco-terroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narco-terroristas”, declaró Castro. Durante la conferencia de prensa, el gobernador presentó parte del material incautado: 31 fusiles, gran cantidad de drogas, municiones y equipos de comunicación. T
ambién confirmó la captura de varios líderes del Comando Vermelho, entre ellos Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, y Nicolas Fernandes Soares, presunto operador financiero de la organización.
El operativo forma parte de una política del gobierno estatal para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas y antiguas de Brasil, surgida en las cárceles de Río de Janeiro durante la década de 1970.
Los enfrentamientos del martes fueron de una intensidad pocas veces vista. Según testigos, los delincuentes respondieron con fuego pesado, bloquearon avenidas principales como la Avenida Brasil y utilizaron drones para arrojar explosivos sobre las fuerzas policiales.
En respuesta, las autoridades desplegaron todos los batallones disponibles y suspendieron las actividades administrativas de la Policía Militar.
El saldo fue devastador, imágenes difundidas por los medios locales mostraron vehículos calcinados, barricadas y familias tratando de huir de las zonas de combate.
Escuelas, comercios y centros de salud fueron cerrados de manera preventiva. “Fue como una guerra”, relató una vecina de Penha. “No podíamos salir de casa, solo se escuchaban disparos y helicópteros”.
Castro sostuvo que la operación fue “exitosa” y destacó el uso de tecnología e inteligencia en la planificación, aunque lamentó la falta de colaboración del gobierno federal. “Nuestras policías están solas. No contamos con el apoyo de blindados ni de agentes federales. Río de Janeiro enfrenta esta batalla completamente solo”, afirmó.
El Ministerio de Justicia respondió que mantiene activo un plan de apoyo a la seguridad pública desde 2023 y que todas las solicitudes de la Fuerza Nacional presentadas por el estado fueron aceptadas. Sin embargo, la disputa política entre el gobierno federal y el estadual volvió a evidenciarse en medio de la crisis.
De acuerdo con el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense, el operativo de este martes es el más letal registrado en la región metropolitana desde 1990.
Los tres operativos más sangrientos de las últimas décadas ocurrieron durante la gestión de Castro: en 2021, 2022 y ahora en 2025. El grupo académico contabiliza 707 acciones policiales con víctimas fatales entre 2007 y 2025, con un total de 2.905 civiles y 31 policías muertos.
Para los investigadores, la política de seguridad basada en operativos militares en favelas “ha demostrado ser ineficiente para reducir el crimen y contener el poder armado de las organizaciones”. El informe agrega que “la recurrencia de estas incursiones revela el descuido del Estado con la vida de los habitantes de las favelas, en su mayoría negros y pobres”.
“Los operativos violentos no son nuevos para quienes vivimos en la periferia, pero no podemos naturalizar un operativo que mató a más de 60 personas”, expresó Isabelly Damasceno, representante de la ONG Movimentos.
Pese a las críticas, el gobierno estatal defendió la acción como “necesaria para restaurar el orden y la autoridad del Estado”. El operativo, aseguraron, permitió la captura de importantes líderes del narcotráfico y la desarticulación de redes de distribución de drogas.
El operativo reavivó el debate sobre el modelo de seguridad en Brasil, un país donde la violencia urbana y las desigualdades sociales siguen siendo un desafío estructural. Para muchos expertos, el uso de la fuerza sin políticas sociales de acompañamiento solo perpetúa el ciclo de violencia en las favelas.
En medio de la conmoción, Castro pidió unidad nacional y el reconocimiento de la labor de los agentes. “Este es un momento histórico. Lo que está en juego no es un gobierno, sino el futuro de nuestras comunidades y la seguridad de nuestras familias”, concluyó.
