Miles de vecinos marcharon en las favelas de Río tras una operación de seguridad que dejó 121 muertos y reavivó el debate sobre la violencia policial en Brasil.
Miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro este viernes para exigir justicia y denunciar los abusos policiales luego de la llamada Operación Contención, un megaoperativo de seguridad en las favelas de Penha, Alemão y otras comunidades que dejó un saldo de 121 muertos, la mayoría civiles.
La acción, considerada la más sangrienta en la historia reciente de Brasil, desató una fuerte controversia política y social.
A pesar de la intensa lluvia, familiares de las víctimas, vecinos y organizaciones sociales marcharon desde una cancha de fútbol en Vila Cruzeiro hasta la Avenida Brasil, una de las principales arterias de la ciudad.
Los manifestantes portaban pancartas con fotos de los fallecidos y consignas que denunciaban el “genocidio del pueblo negro y pobre”.
La operación, ejecutada el martes por fuerzas estatales y federales, buscaba capturar a integrantes del grupo criminal Comando Vermelho. Participaron unos 2.500 agentes de diferentes cuerpos, entre ellos la Policía Civil, la Militar y la Fuerza Nacional.
Según el gobierno de Río, se trató de una acción “planificada y legal” que tenía por objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto y 180 allanamientos.
El saldo, sin embargo, fue devastador: 121 muertos —117 civiles y 4 policías— y decenas de heridos. Hasta el viernes, 99 cuerpos habían sido identificados, mientras que 89 permanecían en el Instituto Médico Forense.
Las autoridades informaron que 78 de los fallecidos tenían antecedentes penales y 42 órdenes de captura pendientes, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionaron esas cifras, denunciando posibles ejecuciones extrajudiciales.
Desde el gobierno federal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su “profunda preocupación” y pidió transparencia. Sin embargo, el gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió el operativo, afirmando que “la acción fue legítima y necesaria para debilitar al crimen organizado”.
La tragedia reavivó el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad pública en las favelas, zonas históricamente estigmatizadas y afectadas por la pobreza estructural. “Lo que pasa en las favelas no ocurre en la Zona Sur, donde viven los ricos.
Allí también hay delincuentes, pero el Estado no los trata como enemigos”, dijo la dirigente sindical Raimunda de Jesús durante la manifestación.
Entre los asistentes destacaron madres de jóvenes asesinados en operativos anteriores. Liliane Santos Rodrigues, vecina del Complexo do Alemão, perdió a su hijo Gabriel, de 17 años, hace seis meses. “Fue un shock ver que otro chico murió en el mismo lugar donde mataron al mío. Siento el dolor de todas estas madres”, expresó entre lágrimas.
Otra manifestante, Nádia Santos, del Complejo Chapadão, perdió a sus dos hijos en diferentes operativos. “Ninguna madre cría a su hijo para verlo caer. Todavía sangro por ellos, pero hoy sangro aún más por estos 121 chicos”, dijo.
Adriana Santana de Araujo, madre de una de las 28 víctimas del operativo de Jacarezinho en 2021, también participó. “Enterraron a mi hijo y me enterraron viva a mí. Vine hoy porque sé lo que sienten estas madres”, sostuvo.
Diversas organizaciones reclamaron una investigación independiente, la intervención de la Defensoría Pública y la creación de mecanismos de control civil sobre las fuerzas de seguridad. El Instituto de Seguridad Pública informó que solo en 2024 más de 1.300 personas murieron en Río por acciones policiales, una cifra que mantiene a Brasil entre los países con mayor letalidad policial del mundo.
Para los familiares, no hay justificación posible. “La policía no combate al crimen matando a inocentes. Queremos justicia, no venganza”, declaró una vocera del movimiento Mães de Manguinhos.
