La condena al expresidente Pedro Castillo reabre el debate sobre el fallido golpe de estado de 2022 y la prolongada crisis política que atraviesa Perú desde entonces.
El expresidente Pedro Castillo fue condenado a once años y medio de prisión por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, un episodio que marcó uno de los momentos más tensos y caóticos de la reciente historia política de Perú.
El fallo fue emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que lo declaró culpable de los delitos de rebelión y conspiración.
Castillo, de 56 años, ha permanecido encarcelado desde aquella jornada en la que intentó ejecutar un acto considerado por el tribunal como un quiebre del orden democrático.
Según la sentencia, el exmandatario buscó “obtener poderes amplios y excepcionales” a través de un decreto que anunciaba la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia.
La defensa del expresidente alegó durante el juicio que el mensaje televisado del 7 de diciembre de 2022 no constituyó un acto real de rebelión, ya que —según expusieron— no contó con apoyo militar, policial ni institucional.
Aseguraron que Castillo leyó “un documento sin consecuencias prácticas”, en medio de una crisis política profunda que lo enfrentaba de forma permanente con el Parlamento y con múltiples denuncias de corrupción contra miembros de su entorno.
El intento de disolver el Congreso ocurrió poco más de un año después de que Castillo asumiera la presidencia tras una ajustada segunda vuelta.
Su gobierno se vio marcado por una inestabilidad constante, cambios continuos en el gabinete y un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Tras su destitución inmediata, fue detenida y juramentada como presidenta la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien meses más tarde sería acusada por el Congreso de “incapacidad moral” y removida del cargo. En su lugar fue designado José Jerí, encargado de completar el periodo presidencial hasta julio de 2026.
La sentencia también incluyó a la ex primera ministra Betssy Chávez —quien permanece asilada en la embajada de México en Lima— recibió igualmente 11 años y medio de prisión en un juicio en ausencia.
A ella se suman el exministro del Interior, Willy Huerta, con la misma pena, y el exasesor Aníbal Torres, condenado a seis años y ocho meses de cárcel.
Jerí impulsó la ruptura de relaciones con el gobierno mexicano, decisión que luego fue ratificada por el Congreso peruano. México, por su parte, concedió asilo político a la esposa e hijos de Castillo.
La condena del exmandatario lo llevará a cumplir su pena en un penal donde se encuentran también otros expresidentes peruanos involucrados en causas de corrupción: Alejandro Toledo, condenado a 20 años; Ollanta Humala, con una sentencia de 15 años; y Martín Vizcarra, condenado a 14 años.
El caso Castillo se ha convertido en un símbolo de la inestabilidad estructural que afecta a Perú, donde las disputas entre poderes del Estado, las acusaciones de corrupción y la desconfianza ciudadana continúan marcando el rumbo político.
