Así lo confirma el Informe Mundial sobre las Drogas 2024, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte sobre un crecimiento sostenido del consumo de droga, la expansión de los mercados ilícitos y el aumento de los daños sociales, sanitarios y ambientales en todas las regiones del mundo.
El problema mundial de las drogas continúa agravándose a un ritmo preocupante.
Según el documento, el surgimiento de nuevos opioides sintéticos altamente potentes, junto con una oferta y demanda sin precedentes de otras sustancias, ha intensificado las consecuencias del narcotráfico y el uso problemático de drogas.
En 2022, el número de personas que consumieron drogas alcanzó los 292 millones, un aumento del 20% en apenas una década, consolidando una tendencia global al alza.
“La producción, el tráfico y el uso de drogas siguen exacerbando la inestabilidad y la desigualdad, causando daños incalculables a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas”, advirtió Ghada Waly, directora ejecutiva de la ONU para Drogas y Delito.
En ese sentido, remarcó la necesidad de ampliar el acceso a tratamientos basados en evidencia y de reforzar las políticas de prevención.
El cannabis continúa siendo la sustancia más consumida a nivel mundial, con unos 228 millones de usuarios, seguido por los opioides (60 millones), las anfetaminas (30 millones), la cocaína (23 millones) y el éxtasis (20 millones).
Sin embargo, el informe subraya una creciente preocupación por la aparición de los nitazenos, opioides sintéticos incluso más potentes que el fentanilo, vinculados a un aumento de muertes por sobredosis en países de ingresos altos.
A pesar de que alrededor de 64 millones de personas padecen trastornos por consumo de drogas, solo una de cada once recibe tratamiento.
La brecha es aún mayor en el caso de las mujeres: apenas una de cada 18 accede a atención especializada, frente a uno de cada siete hombres. Esta desigualdad refleja barreras estructurales, estigmatización y falta de servicios adecuados.
El impacto del problema también se manifiesta en los sistemas de justicia penal. En 2022, cerca de siete millones de personas tuvieron algún tipo de contacto formal con la policía por delitos relacionados con drogas, en su mayoría por uso o posesión para consumo personal.
Ese mismo año, 2,7 millones fueron procesadas y más de 1,6 millones recibieron condenas, aunque con marcadas diferencias regionales en las respuestas penales.
El informe destaca que el narcotráfico fortalece a las organizaciones criminales, que diversifican sus actividades hacia otras economías ilícitas como el tráfico de vida silvestre, el fraude financiero y la explotación ilegal de recursos naturales.
Regiones como el Triángulo Dorado ilustran cómo estas redes afectan a comunidades vulnerables, empujándolas al cultivo de opio o a la minería ilegal para subsistir.
Estas dinámicas también generan un grave impacto ambiental, con deforestación, contaminación química y vertido de desechos tóxicos.
A ello se suma el auge de la cocaína, cuya producción alcanzó un récord histórico de 2.757 toneladas en 2022. El cultivo de coca creció un 12% en un año, impulsando la violencia en países de tránsito y origen, como Ecuador y varias naciones del Caribe, y aumentando los daños a la salud en Europa.
El informe también analiza los efectos de la legalización del cannabis en algunas jurisdicciones.
En Canadá, Uruguay y varias regiones de Estados Unidos, se observa un aumento del consumo nocivo, la proliferación de productos con alto contenido de THC y un incremento de hospitalizaciones asociadas a trastornos psiquiátricos, especialmente entre jóvenes adultos.
Finalmente, la ONU advierte sobre los riesgos del llamado “renacimiento psicodélico”, donde el creciente interés terapéutico convive con un uso no supervisado que podría comprometer la salud pública.
En paralelo, la drástica caída de la producción de opio en Afganistán tras su prohibición podría tener consecuencias imprevisibles en los mercados y en los patrones de consumo.
El informe concluye que garantizar el derecho a la salud de las personas que usan drogas es una obligación de los Estados y un pilar central para enfrentar una crisis global que sigue profundizándose.
