China condenó la incautación de buques con crudo de Venezuela por parte de Estados Unidos y advirtió que se trata de una grave violación del derecho internacional.
El gobierno de China acusó a Estados Unidos de violar gravemente el derecho internacional tras la incautación de buques cisterna que transportaban petróleo de Venezuela con destino al país asiático, en un nuevo episodio de escalada diplomática que vuelve a tensar el comercio energético global.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, condenó la operación realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos, que el fin de semana confiscó un petrolero cargado con crudo venezolano.
Según Beijing, la acción constituye una interferencia ilegítima en el comercio internacional y una vulneración directa de los principios básicos que rigen las relaciones entre Estados soberanos.
“La incautación arbitraria por parte de Estados Unidos de embarcaciones de otros países viola seriamente el derecho internacional”, afirmó Lin durante una rueda de prensa.
El funcionario reiteró además la oposición histórica de China a las medidas coercitivas unilaterales que no cuentan con respaldo de mecanismos multilaterales.
En ese marco, el portavoz subrayó que China rechaza las sanciones unilaterales que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que carecen de base jurídica internacional.
También advirtió que Beijing se opone a cualquier acción que viole la Carta de la ONU, atente contra la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos de intimidación unilateral.
La incautación de buques petroleros representa un nuevo capítulo en el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela.
El pasado 10 de diciembre, Washington ya había confiscado el buque Skipper y su cargamento de crudo venezolano. Días después, el presidente estadounidense Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su administración.
Estas medidas forman parte de una campaña de presión más amplia contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar una red de narcotráfico regional.
Desde agosto, Washington mantiene un despliegue militar significativo en el Caribe y el Pacífico oriental en el marco de operaciones antinarcóticos.
Según datos oficiales estadounidenses, estas operaciones derivaron en la destrucción de aproximadamente 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y en la muerte de más de un centenar de tripulantes, lo que generó preocupación en la región y fuertes críticas desde Caracas.
Durante el fin de semana, la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un segundo petrolero frente a las costas venezolanas y anunció que mantiene una “persecución activa” de un tercer buque en el mar Caribe.
El medio estadounidense señaló además que el buque, con bandera panameña, pertenece a una empresa petrolera con sede en China y transportaba crudo venezolano hacia refinerías del país asiático, un dato que explica la firme reacción diplomática de Beijing.
“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la captura del segundo buque. “Los encontraremos y los detendremos”, advirtió.
En paralelo, trascendió que Trump tiene previsto realizar un anuncio junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, desde su residencia de Mar-a-Lago, en medio de la creciente tensión con Venezuela.
El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó la incautación de los buques como un acto de “piratería de corsarios” y denunció una campaña sostenida de agresión por parte de Estados Unidos. En un mensaje difundido en Telegram, sostuvo que Venezuela enfrenta una ofensiva que combina presión militar, económica y psicológica.
En este contexto, el gobierno venezolano anunció la salida del buque Canous Voyager, operado por Chevron, cargado con petróleo rumbo a Estados Unidos. La empresa estadounidense opera en Venezuela junto a PDVSA gracias a una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro.
El conflicto vuelve a colocar en el centro del debate internacional el alcance de las sanciones, la legalidad de las incautaciones en alta mar y el rol estratégico de China, Venezuela y Estados Unidos en la disputa por el control del mercado energético global.
