Las protestas en Irán escalan por cuarto día consecutivo con manifestaciones en varias ciudades, ataques a edificios oficiales y una fuerte respuesta de seguridad.
Irán vive una nueva fase de tensión interna tras el cuarto día consecutivo de protestas motivadas por la profunda crisis económica, la inflación descontrolada y la caída sostenida del poder adquisitivo.
Las manifestaciones, que comenzaron en Teherán, se extendieron a varias ciudades del país y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, daños a edificios gubernamentales y advertencias oficiales sobre una respuesta “decisiva” del Estado.
Las movilizaciones comenzaron el domingo en el principal mercado de telefonía móvil de la capital y rápidamente involucraron a estudiantes universitarios, comerciantes y trabajadores urbanos.
El detonante inmediato fue el deterioro del rial iraní, que perdió cerca del 69% de su valor frente al dólar durante 2025, junto con una inflación interanual que ronda el 52%, lo que dificulta el acceso a bienes básicos y servicios esenciales.
Este miércoles, un grupo de manifestantes intentó ingresar a un edificio gubernamental en la ciudad de Fasa, en el sur del país.
Según informó Hamed Ostovar, responsable del poder judicial local, parte de la puerta y los vidrios de la oficina del gobernador provincial resultaron destruidos durante el ataque. Las autoridades no precisaron el número de personas involucradas ni si hubo detenidos tras el incidente.
En paralelo, ciudades del oeste como Hamadán y Kuhdasht registraron concentraciones masivas con consignas contra el liderazgo político.
Videos difundidos por organizaciones de derechos humanos muestran a manifestantes coreando lemas como “muerte al dictador”, mientras las fuerzas antimotines respondieron con gases lacrimógenos y disparos intimidatorios. Hasta el momento, no se confirmaron víctimas fatales, aunque la tensión sigue en aumento.
Las manifestaciones también se replicaron en Gánave, Dorud y Aligudarz, aunque de forma más dispersa. En Teherán, las protestas se concentraron en zonas específicas del centro, mientras otras áreas de la capital mantuvieron una actividad relativamente normal.
Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad para evitar una expansión mayor de las movilizaciones.
El trasfondo de la crisis está estrechamente vinculado a las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU sobre el programa nuclear iraní.
Estas restricciones han limitado el acceso del país a divisas, agravando la presión sobre la economía interna. Comerciantes y ciudadanos denuncian que los precios aumentan a diario y que los salarios quedan rápidamente desactualizados.
Ante el escenario de creciente descontento, el fiscal general Mohammad Movahedi-Azad reconoció públicamente la legitimidad de los reclamos económicos, pero advirtió que cualquier intento de transformar las protestas en actos de violencia o destrucción será reprimido con todo el peso de la ley.
El mensaje buscó marcar un límite claro entre la protesta social y lo que el régimen considera amenazas a la seguridad nacional.
En medio de la crisis, el gobierno decretó un feriado bancario y suspendió actividades en escuelas y oficinas públicas, oficialmente por razones energéticas vinculadas al frío.
Sin embargo, universidades como Beheshti y Allameh Tabataba’i anunciaron el pase a clases virtuales, una medida que muchos interpretan como preventiva frente a posibles nuevas manifestaciones.
El régimen iraní volvió a acusar a actores extranjeros de incitar las protestas, luego de que una cuenta vinculada al Mossad israelí expresara apoyo público a los manifestantes.
Aunque el alcance de las actuales movilizaciones es menor al de las protestas de 2019 y 2022, la persistente crisis económica mantiene encendida la indignación social en Irán.
