La WTA anuncia una licencia de maternidad remunerada para las jugadoras profesionales, un avance histórico posible gracias al dinero de Arabia Saudita, que genera elogios y críticas.
La Asociación de Tenis Femenino (WTA) dio un paso histórico al anunciar la implementación de una licencia de maternidad remunerada para las jugadoras profesionales.
A partir de ahora, las tenistas podrán acceder a hasta doce meses de baja con remuneración, además de dos meses adicionales en casos de gestación subrogada, adopción o embarazo de una pareja.
El programa también contempla subvenciones para tratamientos de fertilidad y ya se aplica retroactivamente desde el 1 de enero de este año, alcanzando a más de 320 deportistas.
Se trata de la primera vez que en un deporte femenino global se ofrece un paquete integral de protección para atletas independientes y autónomas.
La medida ha sido celebrada como un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de las jugadoras, aunque también genera controversia, ya que el financiamiento proviene íntegramente del fondo soberano PIF de Arabia Saudita.
La iniciativa se suma a la estrategia saudí de aumentar su presencia en el deporte mundial. Como ya ocurrió en el fútbol, el golf y la Fórmula 1, el gobierno de Riad busca posicionarse como actor central mediante fuertes inversiones.
Sin embargo, críticos y organizaciones de derechos humanos ven estas maniobras como un intento de “lavado de imagen deportivo”, destinado a desviar la atención de la situación política y social del país.
Aunque la WTA no precisó los montos exactos de la remuneración ni los requisitos específicos de participación en torneos, se espera que el beneficio sea uniforme para todas las jugadoras, independientemente de su ranking.
El anuncio cobra relevancia en un circuito donde figuras como Serena Williams, Angelique Kerber o Naomi Osaka han regresado tras la maternidad, aunque sin necesidad de este apoyo financiero por sus ingresos personales. En total, unas 25 madres compiten actualmente en el circuito.
El programa de la WTA se alinea con iniciativas globales para fortalecer la protección de las deportistas embarazadas. En el fútbol, desde 2020 existe un derecho a 14 semanas de baja por maternidad con al menos dos tercios del salario. La FIFA amplió estas normas en 2024, facilitando transferencias fuera de las ventanas habituales para jugadoras que atraviesan esta situación.
Canadá incorporó ayudas específicas para atletas embarazadas a través del Athletes Assistance Program (AAP), con un presupuesto de 35 millones de dólares canadienses en cinco años.
En Reino Unido, las atletas no profesionales con proyección internacional pueden acceder a ingresos durante el embarazo y tras el parto, siempre que se comprometan a volver a competir.
En Estados Unidos, el Comité Olímpico y Paralímpico Nacional (USOPC) ofrece becas y seguro médico por un año a las atletas de élite tras el nacimiento de un hijo. Asimismo, la liga de básquet femenina WNBA garantiza el salario completo durante el embarazo, y otorga subvenciones para tratamientos de fertilidad a jugadoras con ocho años de experiencia.
La decisión de la WTA llega en un contexto de creciente presión de atletas de élite que han denunciado la falta de protección.
La implementación de esta nueva política coloca al tenis femenino en una posición de vanguardia, aunque con la sombra del financiamiento saudí. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿hasta qué punto la inversión extranjera condiciona la autonomía del deporte y su vínculo con los derechos humanos?
Más allá de la polémica, el anuncio marca un antes y un después en la historia del deporte profesional femenino. Con el apoyo —y la controversia— de Arabia Saudita, la maternidad empieza a ser reconocida no como un obstáculo, sino como una etapa compatible con la alta competencia, en sintonía con las discusiones actuales sobre igualdad de género y tecnología aplicada al rendimiento.
En 2019, la velocista Allyson Felix reveló que Nike quiso recortarle un 70% del salario tras quedar embarazada. La denuncia generó un efecto dominó que obligó a la marca a incluir cláusulas de protección en los contratos para garantizar estabilidad económica durante al menos un año.
