El gobierno de Colombia calificó de ilegal el arancel del 30% impuesto por Ecuador y analiza acciones legales y comerciales para defender su comercio exterior.
El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, informó que recurrirá a mecanismos legales y técnicos para enfrentar la decisión de Ecuador de imponer un arancel del 30% a productos colombianos, una medida que calificó como “ilegal” y contraria a los acuerdos regionales vigentes.
La disposición, definida por Quito como una “tasa de seguridad”, eleva la tensión bilateral y abre un nuevo frente de conflicto comercial entre ambos países.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano advirtió que el nuevo impuesto afecta de manera directa el comercio bilateral y podría generar un deterioro inmediato de la relación económica entre Colombia y Ecuador, dos países con un alto nivel de interdependencia productiva, energética y comercial.
La ministra de Comercio, Diana Morales, señaló que el Ejecutivo colombiano cuenta con herramientas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo para responder de manera proporcional.
“Colombia dispone de instrumentos como los aranceles inteligentes para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses nacionales, los cuales se aplicarán de ser necesario”, afirmó la funcionaria.
Morales subrayó, no obstante, que la prioridad del gobierno de Petro es avanzar por canales institucionales y jurídicos. En ese sentido, remarcó que Colombia acudirá a los mecanismos previstos dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
“Usaremos todas las vías legales disponibles. Ecuador es un país hermano y un socio relevante, por lo que los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente en busca de soluciones de beneficio común”, sostuvo.
La posibilidad de una represalia comercial tomó mayor fuerza luego de que el exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo confirmara que la medida ecuatoriana viola el Acuerdo de Cartagena.
Según explicó, dicho marco normativo prohíbe aranceles de carácter punitivo o sancionatorio entre países miembros. “Esto va a dar lugar a una demanda. El acuerdo no permite este tipo de medidas”, afirmó en declaraciones radiales.
Desde el plano político, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, lanzó una crítica más amplia al contexto internacional.
Cuestionó lo que denominó “canibalismo arancelario y alianzas internacionales coercitivas”, prácticas que, según dijo, responden a la disputa geopolítica global entre Estados Unidos, China y Rusia.
A su juicio, estas dinámicas derivan en violaciones unilaterales de acuerdos multilaterales y afectan principios básicos como la soberanía y la democracia.
Vélez advirtió que la ruptura de tratados internacionales y el debilitamiento del sistema multilateral están erosionando el orden global y obligan a los países de América Latina a elegir entre la subordinación o la cooperación regional.
En ese marco, criticó la postura de Ecuador y llamó a fortalecer la solidaridad regional como vía para enfrentar presiones externas.
El impacto económico de la denominada “tasa de seguridad” preocupa especialmente al sector privado. La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol) alertó sobre el alto grado de interdependencia entre ambas economías y advirtió que la medida podría afectar el empleo, la competitividad y el abastecimiento de insumos estratégicos en los dos países.
El comercio entre Colombia y Ecuador se ha construido históricamente sobre la base del diálogo y la integración regional”, señaló Camecol, que ofreció su apoyo técnico para articular soluciones que preserven la estabilidad del comercio formal y eviten distorsiones en los mercados.
La controversia escaló también en el plano político regional. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa criticó duramente al actual mandatario Daniel Noboa y calificó el arancel como una violación flagrante de la normativa andina y de las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Según Correa, el aumento unilateral de aranceles no solo es discriminatorio, sino que carece de sustento legal.
El Consejo Gremial Nacional (CGN) de Colombia se sumó a los llamados al diálogo y recordó que Ecuador es uno de los principales socios comerciales del país.
En 2025, las exportaciones colombianas al vecino superaron los USD 1.670 millones, cifra de la que dependen miles de empleos.
Además del intercambio de bienes, el CGN destacó la interdependencia energética entre ambos países. En momentos críticos, Colombia ha llegado a aportar hasta el 12% del consumo eléctrico ecuatoriano, mientras que importa desde Ecuador alimentos y productos forestales por más de USD 680 millones anuales.
Mientras el gobierno de Petro analiza los próximos pasos, el sector productivo insiste en que la diplomacia y el diálogo técnico deben prevalecer sobre la confrontación.
El desenlace del conflicto marcará no solo el futuro del comercio bilateral, sino también el rumbo de la integración económica regional.
