El gobierno de Costa Rica busca leyes más estrictas, aumentando las penas de prisión por abortos para proteger la vida no nacida y reforzar la seguridad pública.
El gobierno de Costa Rica anunció una nueva iniciativa legal que impondría penas más severas por aborto.
Según la propuesta, las mujeres que se sometan a un aborto podrían enfrentar hasta seis años de prisión, mientras que quienes practiquen abortos sin el consentimiento de la mujer podrían recibir hasta doce años de cárcel.
“Se trata de defender la vida de los costarricenses que aún no han nacido. El aborto no es menos que un asesinato, y las penas deben endurecerse”, declaró la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, durante la conferencia de prensa semanal del gobierno.
La nueva propuesta aumentaría significativamente las penas. Las mujeres que provocan o consienten un aborto enfrentarían ahora entre cuatro y seis años de prisión.
Actualmente, Costa Rica solo permite abortos terapéuticos, y las mujeres que provocan o consienten su propio aborto enfrentan penas de uno a tres años de prisión. Quienes realizan abortos sin consentimiento enfrentan entre tres y diez años de cárcel.
Quienes practiquen el aborto sin el consentimiento de la mujer podrían recibir de seis a doce años. Si el procedimiento se realiza con consentimiento de la mujer, la pena propuesta sería de cuatro a seis años, comparado con el rango actual de uno a tres años.
El presidente Rodrigo Chaves describió el tema como “filosófica y moralmente complejo”, comparando el cuerpo de la mujer con un avión del que se lanza a una persona al vacío cuando ocurre un aborto.
El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde 1970, pero no fue hasta diciembre de 2019 que el presidente Carlos Alvarado emitió un decreto técnico que guía al personal médico sobre cuándo puede aplicarse el procedimiento.
El gobierno enfatiza que estos cambios no se tratan solo de moralidad, sino también de mejorar la seguridad pública, estableciendo límites legales más claros y asegurando que todas las partes comprendan las consecuencias de violar la ley. Los funcionarios afirman que la legislación protegerá a poblaciones vulnerables y proporcionará un marco más sólido
