Un informe europeo alerta sobre irregularidades en las elecciones en Georgia, denunciando ventajas oficiales, intimidación y dudas sobre la legitimidad del resultado.
Las elecciones parlamentarias en Georgia, celebradas el 26 de octubre de 2024, quedaron bajo fuerte cuestionamiento internacional tras un informe presentado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
El documento, elaborado por el legislador rumano Iulian Bulai, advierte que el proceso electoral estuvo marcado por una profunda polarización política, condiciones de competencia desiguales y un clima generalizado de intimidación.
Según el informe, las conclusiones “generan dudas sobre la corrección de los resultados electorales”, especialmente respecto a si reflejan de manera fiel la voluntad de los votantes.
La misión de observación identificó un uso sistemático de recursos administrativos en favor del partido gobernante, lo que otorgó una ventaja significativa frente a las fuerzas opositoras y debilitó la equidad del proceso democrático.
El texto también señala serias preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad electoral. Entre los factores más críticos se destacan la politización de instituciones estatales clave, la presión ejercida sobre votantes y activistas, y la existencia de un entorno intimidatorio durante la campaña.
En este contexto, la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera fue señalada como un instrumento que contribuyó a la estigmatización de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y voces disidentes.
La delegación europea observó además vulneraciones al secreto del voto y modificaciones de último momento en los procedimientos electorales, lo que profundizó las dudas sobre la integridad del proceso.
Estas prácticas, según el informe, socavan la confianza pública y afectan directamente la legitimidad de los resultados.
Ante este escenario, el Consejo de Europa instó a las autoridades georgianas a revisar de manera urgente el marco electoral antes de las elecciones locales de 2025.
La recomendación apunta a restablecer la imparcialidad de la Comisión Electoral Central y de la Oficina Anticorrupción, en línea con los estándares promovidos por la Unión Europa y organismos como la Comisión de Venecia y el GRECO.
Finalmente, el informe exige investigaciones rápidas, creíbles y transparentes sobre todas las denuncias de irregularidades, la derogación de la ley cuestionada y un refuerzo efectivo del secreto de voto para garantizar futuros comicios verdaderamente competitivos.
