El régimen iraní reconoció más de 3.100 muertes durante las protestas, pero activistas advierten que la cifra real podría superar las 25.000 víctimas.
El régimen de Irán reconoció oficialmente este miércoles que al menos 3.117 personas murieron durante las protestas que estallaron a finales de diciembre, un dato que marca el primer reconocimiento público de la magnitud de la represión.
Aunque organizaciones de derechos humanos y activistas sostienen que la cifra real sería muy superior y podría superar las 25.000 víctimas fatales.
El anuncio fue realizado por la Fundación de Veteranos y Mártires y difundido por la televisión estatal iraní.
Pese a tratarse de un hecho inédito por parte de las autoridades, observadores independientes cuestionaron de inmediato la veracidad de los números y advirtieron que el régimen tiene un largo historial de subestimar el impacto humano de la violencia estatal.
Las protestas comenzaron en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la inflación, el desempleo y el efecto de las sanciones internacionales. Sin embargo, rápidamente se transformaron en una ola de manifestaciones y huelgas de alcance nacional que desafiaron abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución islámica de 1979.
Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, de los fallecidos reconocidos oficialmente, 2.427 fueron clasificados como “mártires”, una categoría que incluye tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad.
Esta distinción fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que “todas las evidencias disponibles indican que el número real de muertos es considerablemente mayor al admitido por el régimen”.
“El gobierno iraní aplica sistemáticamente un patrón de ocultamiento”, explicó Amiry-Moghaddam. “Si se utiliza el mismo criterio que en otros contextos, como el de las ejecuciones, el saldo de víctimas podría alcanzar o incluso superar las 25.000 personas”.mano de la violencia estatal.
Las protestas comenzaron en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por la inflación, el desempleo y el efecto de las sanciones internacionales.
Sin embargo, rápidamente se transformaron en una ola de manifestaciones y huelgas de alcance nacional que desafiaron abiertamente a la teocracia instaurada tras la revolución islámica de 1979.
Según el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Pourjamshidian, de los fallecidos reconocidos oficialmente, 2.427 fueron clasificados como “mártires”, una categoría que incluye tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad.
Esta distinción fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirmó que “todas las evidencias disponibles indican que el número real de muertos es considerablemente mayor al admitido por el régimen”.
“El gobierno iraní aplica sistemáticamente un patrón de ocultamiento”, explicó Amiry-Moghaddam. “Si se utiliza el mismo criterio que en otros contextos, como el de las ejecuciones, el saldo de víctimas podría alcanzar o incluso superar las 25.000 personas”., una organización con sede en Estados Unidos, elevó el número de muertes verificadas a al menos 4.560, aunque aclaró que la cifra es preliminar.
El régimen iraní defendió la actuación de sus fuerzas de seguridad y reiteró que los disturbios fueron instigados por “elementos terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel.
No obstante, informes de Amnistía Internacional documentaron el uso deliberado de fuego real contra manifestantes desarmados, disparos dirigidos a los ojos desde tejados y posiciones elevadas, así como una represión particularmente violenta contra mujeres y menores.
El grupo Hengaw, también con base en Noruega, confirmó la muerte de al menos 42 mujeres a manos de las fuerzas estatales durante las protestas.
Uno de los principales obstáculos para conocer el verdadero alcance de la represión ha sido el control de la información. La organización Netblocks registró más de 300 horas de cortes totales de internet y telefonía desde el inicio de las protestas, una estrategia utilizada por el régimen para aislar al país y dificultar la documentación de los hechos.
Mientras tanto, las manifestaciones de solidaridad se multiplicaron en el exterior. Miles de iraníes y descendientes marcharon en ciudades como Toronto, Berlín y París para exigir justicia y el fin de la violencia estatal.
“El mundo está observando”, advirtió Amiry-Moghaddam, quien reclamó a la comunidad internacional mecanismos urgentes para proteger a la población civil y sancionar a los responsables de la represión.En paralelo, la crisis interna profundizó las tensiones internacionales.
El canciller iraní Abbas Araqchi advirtió que cualquier ataque contra Irán recibiría una respuesta total, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que una agresión iraní tendría consecuencias “fulminantes”.
