La corrupción, lejos de ser un fenómeno aislado, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para enfrentar el cambio climático, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 publicado por Transparencia Internacional.
El informe revela que los niveles globales de corrupción siguen siendo alarmantemente altos y que los esfuerzos para combatirla se encuentran estancados, con consecuencias directas sobre la gobernanza climática, la eficacia de la ONU y la protección de miles de millones de personas vulnerables.
De acuerdo con el IPC, más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100, mientras que el promedio global se mantiene inalterado en 43 puntos.
Este estancamiento refleja un problema estructural: la incapacidad de los Estados para establecer sistemas de transparencia y rendición de cuentas sólidos, justo cuando el mundo enfrenta fenómenos climáticos extremos, calentamiento global sin precedentes y un debilitamiento de la democracia.
En primer lugar, facilita el desvío o uso indebido de los fondos climáticos internacionales, destinados a mitigar el impacto ambiental y a ayudar a los países más expuestos.
Miles de millones de dólares corren el riesgo de ser saqueados, lo que retrasa proyectos esenciales de adaptación, infraestructura resiliente y transición energética.
Los países más vulnerables al cambio climático suelen coincidir con aquellos que presentan peores indicadores de corrupción.
En muchos de ellos, la falta de controles efectivos pone en peligro a millones de personas que dependen de programas de protección ambiental y asistencia internacional.
Este vínculo entre corrupción y crisis climática refuerza las desigualdades globales y profundiza la fragilidad institucional.
Un ejemplo emblemático es Sudáfrica, que obtuvo 41 puntos en el IPC 2024. Investigaciones recientes señalan que cerca de 1.000 millones de rands mensuales —más de 56 millones de dólares— fueron sustraídos de Eskom, la empresa estatal de energía.
Estos desvíos no solo dañan las finanzas públicas, sino que también comprometen la transición energética del país y su capacidad para cumplir compromisos climáticos internacionales, incluidos los asumidos en foros respaldados por la ONU.
El informe también advierte sobre la influencia indebida de los grupos de presión de los combustibles fósiles, particularmente en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Transparencia Internacional señala que esta interferencia debilita la adopción de políticas ambiciosas y limita la efectividad del multilateralismo climático.
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, sostuvo que la corrupción “no solo socava el desarrollo, sino que alimenta el autoritarismo, la inestabilidad y las violaciones de derechos humanos”.
En ese sentido, subrayó que combatirla debe ser una prioridad global para garantizar un mundo sostenible y democrático.
Por su parte, Maíra Martini, directora ejecutiva de la organización, advirtió que si no se erradica la corrupción de las iniciativas climáticas, los esfuerzos para alcanzar una verdadera resiliencia ambiental fracasarán.
Según Martini, los gobiernos y los organismos multilaterales, incluida la ONU, deben integrar mecanismos anticorrupción en todas las políticas climáticas para proteger las finanzas y restaurar la confianza pública.
Defensores del medio ambiente y de la tierra enfrentan intimidaciones, violencia e incluso asesinatos, especialmente en países con bajos puntajes en el IPC.
Desde 2019, casi todos los homicidios de activistas ambientales ocurrieron en naciones con altos niveles de corrupción, lo que evidencia el riesgo que enfrentan quienes defienden la sostenibilidad.
El IPC 2024 concluye que la corrupción está minando la capacidad global para responder al cambio climático de manera efectiva.
Sin reformas estructurales, mayor transparencia y un compromiso real de los Estados y organismos internacionales, los objetivos climáticos seguirán siendo inalcanzables, mientras las poblaciones más vulnerables pagan el precio más alto.
