Tres años después del Qatargate, un nuevo escándalo de corrupción vuelve a golpear al Parlamento Europeo y reabre el debate sobre la influencia de grandes intereses económicos en las decisiones políticas de la Unión Europea.

La policía federal de Bélgica realizó una amplia operación judicial que incluyó registros en la sede de Huawei en Bruselas y en una veintena de domicilios, en el marco de una investigación por presuntos sobornos a eurodiputados.

La operación, dirigida por un juez de instrucción de Bruselas, movilizó a cerca de un centenar de agentes y tuvo como objetivo desarticular una presunta red de lobistas vinculados a la multinacional china.

Según la fiscalía federal belga, al menos 15 eurodiputados habrían sido beneficiarios de pagos, regalos o favores a cambio de defender los intereses de Huawei dentro de las instituciones europeas, especialmente en un contexto marcado por las restricciones al despliegue de redes 5G.

En un comunicado oficial, la fiscalía informó que varias personas fueron detenidas para ser interrogadas por su presunta implicación en delitos de corrupción activa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

“El presunto soborno benefició a Huawei”, señaló el Ministerio Público, confirmando las revelaciones publicadas por los medios Le Soir, Knack y Follow The Money.

Allanamientos en el Parlamento

Tras los registros, el juez ordenó el sellado de los despachos de dos asistentes parlamentarios en la sede del Parlamento Europeo, medida que fue comunicada formalmente a la presidenta de la institución, Roberta Metsola.

Además, uno de los principales sospechosos fue detenido en Francia en virtud de una orden de detención europea emitida por las autoridades belgas.

De acuerdo con la investigación, los representantes de Huawei habrían actuado como agentes de corrupción de manera “regular y discreta” desde 2021, bajo la apariencia de actividades normales de lobby.

Los sobornos se habrían materializado en pagos directos, regalos de alto valor, invitaciones a viajes, comidas de lujo y entradas a partidos de fútbol, aprovechando que la empresa cuenta con un palco privado en el estadio del RSC Anderlecht.

Las informaciones periodísticas indican que algunos pagos se canalizaron a través de una sociedad con sede en Portugal, lo que explica la realización de registros fuera de Bélgica.

A diferencia del Qatargate, donde se incautaron maletas con dinero en efectivo, en este caso las autoridades no han informado del hallazgo de grandes sumas de efectivo, aunque sí de documentos y dispositivos que deberán ser analizados.

El objetivo de los presuntos sobornos habría sido influir en decisiones políticas clave, en un momento en que la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros excluir o limitar la participación de Huawei y otras empresas chinas como ZTE en las redes 5G, por considerarlas un riesgo potencial para la seguridad y por sus vínculos con el Gobierno de Pekín.

Cómo se defiende la empresa

Ante las acusaciones, Huawei afirmó en un comunicado que se toma el caso “muy en serio” y aseguró que cooperará plenamente con la investigación. La compañía reiteró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción y que cumple con todas las leyes y regulaciones vigentes.

El foco de la investigación estaría puesto, según Le Soir, en Valerio Ottati, director de asuntos públicos de Huawei ante la Unión Europea desde 2019.

Ottati, de nacionalidad belgo-italiana, fue asistente parlamentario durante una década y conocía en profundidad el funcionamiento interno del Parlamento Europeo, lo que habría facilitado sus contactos con eurodiputados.

Por el momento, la Eurocámara no ha recibido solicitudes para levantar la inmunidad parlamentaria de ningún legislador, aunque la fiscalía no descarta hacerlo a medida que avance la investigación.

Las autoridades subrayan que no se divulgarán identidades para preservar la presunción de inocencia y el buen curso del proceso judicial.

El caso revive los fantasmas del Qatargate, que estalló en 2022 con la detención de la entonces vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, y puso en evidencia las debilidades de los mecanismos de control y transparencia en Bruselas.

Tres años después, ese escándalo aún no llegó a juicio, y este nuevo episodio amenaza con profundizar la crisis de credibilidad de las instituciones europeas.