El Gobierno de Turquía, liderado por Erdogan, restringió el acceso a internet tras protestas del CHP en Estambul y profundizó la presión sobre la oposición.
El Gobierno de Turquía, encabezado por el presidente Erdogan, volvió a restringir el acceso a internet tras una serie de protestas en Estambul protagonizadas por simpatizantes del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP).
La medida se produjo luego de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que intentaban impedir la intervención estatal en la sede provincial del partido.
Las autoridades impusieron una ralentización generalizada del servicio de internet durante al menos 12 horas el domingo, afectando a plataformas como YouTube, X, Instagram y WhatsApp en todo el país.
La restricción coincidió con el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes del CHP en el distrito de Sarıyer, al norte de Estambul. Ante la censura parcial, miles de usuarios recurrieron a servicios VPN para eludir las limitaciones.
La protesta se originó por la designación de Gürsel Tekin como administrador de la sede del CHP en Estambul, una decisión impulsada por el Gobierno para desplazar a Özgür Çelik, elegido líder provincial del partido en septiembre de 2023.
Durante varios días, simpatizantes socialdemócratas rodearon el edificio partidario para evitar que el interventor asumiera el control, lo que elevó la tensión política en la mayor ciudad del país.
El acceso a internet continuó siendo inestable en amplias zonas de Turquía incluso el lunes. Habitualmente, cuando se aplican bloqueos o restricciones digitales, la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (BTK) emite un comunicado oficial.
En esta ocasión, sin embargo, el organismo no realizó ningún anuncio, lo que generó incertidumbre y críticas por la falta de transparencia.
La ofensiva contra el CHP se intensificó desde mediados de marzo, cuando el alcalde de Estambul y figura central de la oposición, Ekrem Imamoglu, fue detenido y trasladado a la prisión de Silivri.
Desde entonces, se registraron múltiples arrestos de dirigentes y militantes del partido, en una dinámica que la oposición describe como un intento sistemático de neutralizarla antes de futuros procesos electorales.
Los críticos del presidente Erdogan sostienen que el Ejecutivo busca reinstalar a Kemal Kilicdaroglu, expresidente del CHP, como líder partidario para debilitar a la actual conducción.
Kilicdaroglu enfrenta acusaciones judiciales por presuntos sobornos, cargos que él rechaza y que serán evaluados en un juicio previsto para mediados de septiembre.
Paralelamente, el Gobierno justificó varias detenciones al acusar a miembros del CHP de vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización considerada terrorista en Turquía.
En caso de que Kilicdaroglu regresara a la conducción, su mandato sería breve. Delegados del CHP anunciaron la convocatoria a un congreso extraordinario el 21 de septiembre para elegir nuevas autoridades, instancia en la que Özgür Özel —actual líder nacional del partido— aparece como favorito para ser ratificado.
En este contexto, la restricción del acceso a internet se suma a una serie de medidas que, según organizaciones de derechos humanos, evidencian un endurecimiento del control político y comunicacional bajo el liderazgo de Erdogan, en un país donde la libertad de expresión y la actividad opositora enfrentan crecientes limitaciones.
