El reciente relanzamiento de la aplicación VenApp, propiedad del gobierno de Venezuela, ha encendido alarmas sobre el uso de aplicaciones tecnológicas para vigilar y denunciar a ciudadanos críticos del gobierno.

Esta actualización permite que los usuarios envíen denuncias contra manifestantes antigubernamentales, inmediatamente después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro. 

Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional, advirtió sobre las implicancias de esta medida: “El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles plantea la pregunta: ¿están estas empresas cumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos?”. 

Mahmoudi señaló que de haber cumplido con estas obligaciones, las compañías deberían haber evaluado los riesgos de que el gobierno venezolano utilice la aplicación no sólo para limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino también para posibles detenciones ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos.

“Al alentar la denuncia de manifestantes y proporcionar una plataforma en gran escala, el gobierno de Venezuela corre el riesgo de violar el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó. 

Un pedido desesperado de Maduro

Según informes, tras la reelección de Maduro, el presidente animó públicamente a la ciudadanía a usar VenApp para denunciar a quienes cuestionen su gobierno. Grupos de derechos humanos han reportado miles de detenciones y decenas de muertes en represión contra la oposición.

Actualmente, Venezuela es objeto de investigaciones por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional y de la ONU, que han denunciado la política de represión del gobierno. 

Originalmente presentada en 2022 para reportar problemas de energía y emergencias, la aplicación ha sido retirada de Google Play y App Store tras la protesta pública, pero sigue activa para quienes ya la tenían instalada, generando preocupación por la continuidad de su uso como herramienta de vigilancia masiva. 

Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo las empresas de tecnología a menudo implementan herramientas sin evaluar adecuadamente los riesgos sobre derechos humanos. Mahmoudi enfatizó que estas compañías tienen la responsabilidad de actuar con diligencia y abordar los riesgos, algo particularmente relevante en un país con un historial de represión política como Venezuela.