El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó este lunes 28 de octubre de 2024 una controvertida ley que prohíbe a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) operar en todo el territorio israelí, incluyendo Jerusalén Este, anexionada unilateralmente en 1967.  

La votación finalizó con 92 votos a favor y 10 en contra, marcando la consolidación de la medida tras su primera aprobación en julio. 

La ley establece que la UNRWA no podrá realizar representaciones, prestar servicios ni llevar a cabo actividades, directa o indirectamente, dentro del territorio soberano de Israel.

Esto afecta directamente la capacidad de la agencia para coordinar operaciones humanitarias, incluso en Gaza y Cisjordania, donde depende de permisos y coordinación con las autoridades israelíes para distribuir ayuda y servicios esenciales como educación y salud. Los campos de refugiados en Jerusalén Este, como Shuafat, también se verán impactados. 

Durante el debate en la Knéset, Ahmad Tibi, diputado del partido árabe Hadash-Taal, calificó la legislación como “fascista“, generando tensiones entre los legisladores.

La votación contó con el apoyo de diputados de varios partidos de oposición y de centro, reflejando un consenso amplio en torno a la medida. Además, un segundo proyecto de ley en discusión busca revocar el estatus fiscal y de inmunidad de la UNRWA y etiquetarla como una “organización terrorista” por presuntos vínculos con Hamás. 

La reacción ante la decisión de Israel

La UNRWA reaccionó condenando la decisión, calificándola de “escandalosa” y advirtiendo que podría agravar la crisis humanitaria en Gaza, donde la agencia es “el mayor interviniente en la operación humanitaria” tras más de un año de conflicto entre Israel y Hamás.  

Philippe Lazzarini, jefe de la agencia, denunció la medida en X (Twitter) como un “peligroso precedente” que forma parte de una campaña para desacreditar a la organización. 

La legislación también ha generado preocupación internacional. Incluso Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, expresó su “profunda preocupación” por el impacto de la prohibición sobre los refugiados palestinos y la estabilidad regional. La medida abre un debate sobre la responsabilidad humanitaria de los Estados y la interacción entre políticas nacionales y agencias internacionales que operan en zonas de conflicto. 

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la compleja relación de Israel con la UNRWA y el manejo de la asistencia humanitaria a los palestinos, intensificando las tensiones en Jerusalén Este y complicando la logística de ayuda en Gaza y Cisjordania.