La madrugada de este jueves, un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza con diez argentinos deportados desde Estados Unidos.

El vuelo, gestionado por el gobierno de Donald Trump, partió con destino a Buenos Aires tras hacer escalas en Bogotá y Belo Horizonte, en medio de una política de endurecimiento migratorio que afecta a miles de personas en todo el continente. 

Los pasajeros ingresaron por la terminal privada, aunque familiares y algunos medios de comunicación lograron presenciar la llegada. Pese a la discreción oficial, la noticia se filtró y generó revuelo en la escena política local, ya que la Casa Rosada evitó reclamar por el trato hacia ciudadanos argentinos.

Uno de los deportados, Mario Luciano Robles, de 25 años, relató que había cruzado a Estados Unidos desde México y fue detenido en Texas. 

“No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el sueño americano”, declaró entre lágrimas, explicando que ahora quedó separado de su esposa y su hijo, quienes permanecen en México. 

Otro caso es el de Maximiliano García, quien emigró en 2001 y llevaba más de dos décadas viviendo en el país norteamericano. Con seguro social y permiso laboral hasta 2030, fue detenido al intentar regularizar su situación a través de su hija, ciudadana estadounidense mayor de 21 años. 

Las autoridades le informaron entonces sobre una orden de deportación pendiente desde 2015, de la que asegura nunca fue notificado. Pasó varias semanas en un centro de detención en Miami antes de ser subido al vuelo que lo trasladó a Buenos Aires. 

“Es notable el odio y el racismo del gobierno de Trump. Para ellos, los argentinos somos criminales”, dijo García, visiblemente afectado. Sus palabras reflejan el drama de miles de familias que quedan separadas: su esposa e hijos permanecen en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, lamentó. 

Qué dijeron desde Argentina

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, minimizó la cifra de expulsados al señalar que Argentina “es uno de los países con menos casos de deportación en la región”. En declaraciones radiales, aseguró que el número de argentinos en la lista de deportados “es ínfimo” frente al de otros países.  

Además, justificó el accionar de las autoridades estadounidenses al remarcar que “cada país tiene la potestad de decidir qué hacer con las personas que violan sus leyes”.  

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos criticaron la falta de acción diplomática por parte del gobierno argentino, al considerar que los ciudadanos deberían haber recibido acompañamiento consular más firme durante el proceso de expulsión. 

Según fuentes oficiales, la postura del presidente Javier Milei busca no tensar la relación con la administración de Trump, a la que se encuentra fuertemente alineado.