Decenas de miles marcharon en ciudades de todo Brasil contra proyectos legislativos que buscan blindar a parlamentarios y otorgar una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27
Las calles de Brasil volvieron a llenarse este domingo de voces de protesta contra dos polémicos proyectos que avanzan en el Congreso.
Uno de ellos, conocido como “proyecto de blindaje”, busca ampliar la inmunidad de los legisladores; el otro plantea una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado recientemente a 27 años de cárcel.
El lema que unificó a la multitud fue contundente: “Sin amnistía”. Desde Río de Janeiro hasta San Pablo, y en la misma Brasilia, los manifestantes se hicieron escuchar en los 26 estados del país.
En Copacabana, Río de Janeiro, la protesta tomó un tono cultural: artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, referentes de la música brasileña, se sumaron al rechazo de lo que consideran un retroceso democrático.
La condena a Bolsonaro por su rol en la organización de los disturbios que culminaron en el asalto a las sedes democráticas marcó un punto de inflexión.
El proyecto de blindaje aprobado en la Cámara de Diputados exige que cualquier acusación penal contra legisladores deba ser autorizada por el Congreso mediante un voto secreto. Para sus defensores, entre ellos el presidente de la Cámara, Hugo Motta, la medida busca proteger a diputados y senadores de posibles persecuciones políticas.
La cantante Anitta y otras figuras culturales denunciaron que el proyecto constituye un pacto de impunidad. “Imaginen que alguien comete un crimen y la justicia no pueda tocarlo porque es diputado. Eso es lo que está en juego”, señaló en un mensaje viral.
Un día después, el Congreso dio trámite urgente a otra propuesta aún más polémica: una ley de amnistía que beneficiaría a unos 700 bolsonaristas condenados, incluido el propio expresidente. Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario y promotor del proyecto.
La respuesta ciudadana fue inmediata. En Brasilia, una multitud se reunió frente al Congreso con un muñeco inflable gigante de Bolsonaro, caricaturizado con bigote y manos ensangrentadas.
“Estamos aquí para denunciar a este Congreso de criminales y corruptos disfrazados de políticos, que quieren autoperdonarse”, declaró Aline Borges, una activista ambiental de 34 años.
Las marchas dejaron en claro que la sociedad brasileña sigue dividida, pero también que existe una amplia resistencia a cualquier intento de consolidar la impunidad política. Para muchos manifestantes, blindaje y amnistía representan dos caras de la misma moneda: un debilitamiento del Estado de derecho y una amenaza directa a la democracia.
Mientras tanto, el futuro de ambos proyectos dependerá de su paso por el Senado, donde la presión social y la movilización ciudadana podrían ser decisivas. En las calles, el mensaje sigue siendo el mismo: ni blindaje, ni amnistía.
Sin embargo, críticos y analistas sostienen que se trata de un intento de blindar a los parlamentarios frente a causas de corrupción u otros delitos. El propio gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se opuso. Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia, advirtió que esta iniciativa puede abrir las puertas al crimen organizado en el Parlamento y debilitar aún más a las instituciones democráticas.
