La retirada de Burkina Faso, Mali y Níger de la CPI preocupa a organismos internacionales por frenar la justicia en casos de crímenes graves en África.
La reciente decisión de Burkina Faso, Mali y Níger de retirarse de la CPI ha encendido las alarmas en organismos internacionales, que advierten sobre un posible retroceso en la lucha contra la impunidad en África.
Los tres países, miembros de la Alianza de los Estados del Sahel (AES), justificaron su decisión alegando que la CPI es un «instrumento de represión neocolonial» y una «justicia selectiva» en manos del imperialismo.
Amnistía Internacional calificó esta medida como un golpe para las víctimas y supervivientes de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios en la región.
«Una vez que la retirada sea efectiva, se verán gravemente comprometidas las posibilidades de que las víctimas obtengan justicia ante la CPI si no logran hacerlo en sus propios países», afirmó Marceau Sivieude, director para África occidental y central de AI.
El director regional agregó que si los países tienen preocupaciones «legítimas» sobre la supuesta selectividad de la CPI, deberían plantearlas dentro del plenario como estados partes del Estatuto de Roma, en lugar de retirarse.
«Estas retiradas no resolverán esas preocupaciones: lo único que harán será privar a las víctimas de toda perspectiva de justicia y de la protección que les brinda el Estatuto de Roma», remarcó Sivieude.
Los tres Estados africanos anunciaron que recurrirán a «mecanismos endógenos para la consolidación de la paz y la justicia», comprometiéndose a cooperar con Naciones Unidas y otros Estados miembros en «marcos apropiados para la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto de la soberanía».
Mali, Níger y Burkina Faso se encuentran actualmente gobernados por juntas militares que, en 2023, crearon la AES con un pacto de defensa común frente a grupos yihadistas y con objetivos de cooperación económica regional.
La decisión de abandonar la CPI ha generado críticas internacionales, que temen que la medida limite la rendición de cuentas por crímenes graves y debilite los mecanismos de justicia internacional en África.
Expertos advierten que la retirada podría sentar un precedente para otros países de la región, aumentando la impunidad y dificultando el trabajo de tribunales internacionales en la protección de derechos humanos.
