El gobierno de Petro decretó la emergencia económica por 30 días en Colombia tras el hundimiento de la reforma tributaria y el agravamiento de la crisis fiscal.
El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Petro, decretó oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un período inicial de 30 días, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 y otorga al Ejecutivo facultades excepcionales para expedir normas con fuerza de ley.
El decreto, firmado por el presidente Petro y la totalidad de su gabinete, sostiene que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que compromete la estabilidad fiscal del Estado y limita su capacidad para garantizar derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.
Según el Ejecutivo, la no aprobación de la reforma tributaria dejó un vacío financiero imposible de cubrir con los mecanismos ordinarios del presupuesto.
La declaratoria de emergencia permitirá al gobierno expedir decretos legislativos, especialmente en materia tributaria, con el objetivo de enfrentar el faltante fiscal generado por el archivo de la iniciativa que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
En el texto del decreto, el Ejecutivo afirma que la crisis fiscal supera los márgenes normales de manejo presupuestal.
El documento advierte que el Estado se encuentra en riesgo de no poder garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales, como la salud y la seguridad social, debido al aumento sostenido de gastos rígidos y obligaciones inaplazables.
El Gobierno sostiene que el fracaso de la reforma tributaria no constituye un hecho aislado, sino el punto crítico de una acumulación de presiones financieras que se intensificaron en los últimos años.
Entre ellas se destacan compromisos contractuales, sentencias judiciales y subsidios que no pueden ser recortados sin afectar directamente a amplios sectores de la población.
Uno de los ejes centrales del decreto es la referencia al archivo de dos reformas tributarias consecutivas impulsadas por el gobierno de Petro. La primera buscaba recaudar cerca de 12 billones de pesos, mientras que la más reciente apuntaba a obtener 16,3 billones.
Según el Ejecutivo, la imposibilidad de obtener estos ingresos por la vía legislativa agravó de manera sustancial el desbalance fiscal y obligó al gobierno a recurrir a los mecanismos excepcionales previstos por la Constitución para enfrentar situaciones extraordinarias.
El Decreto 1390 enumera una serie de factores que precipitaron la declaratoria de emergencia económica.
Entre los más relevantes figuran el aumento en el costo de la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud, las crecientes demandas de recursos en seguridad por el deterioro del orden público y los efectos de la ola invernal, que generaron emergencias humanitarias en distintas regiones del país.
El documento también menciona los elevados subsidios a la energía, las sentencias judiciales pendientes por 1,5 billones de pesos, las obligaciones contractuales vencidas por 5,1 billones y las deudas con víctimas del conflicto armado, que ascienden a 1,6 billones.
A ello se suman las restricciones al endeudamiento impuestas por la regla fiscal y las limitaciones de liquidez en la Tesorería.
Con la emergencia en vigor, el Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Si bien el decreto no detalla medidas concretas, sí establece los principios que guiarán la política tributaria durante este período.
El Gobierno priorizará impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como tributos orientados a corregir externalidades negativas relacionadas con el medio ambiente y la salud pública.
El decreto anticipa posibles ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), cambios en tarifas diferenciales y la creación de un impuesto al patrimonio con un enfoque más progresivo. También se evalúa un aumento en la tributación del sector financiero y el fortalecimiento de los llamados impuestos saludables.
El Decreto 1390 establece que el Congreso de Colombia ejercerá control político sobre las medidas adoptadas una vez finalizado el estado de emergencia. Además, todas las normas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
🟠PETRO MARCA DISTANCIA DE MADURO
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 18, 2025
“Maduro no tiene por qué darle órdenes a los militares”, dijo Gustavo Petro al rechazar la invitación del líder venezolano. Insistió en que Colombia no apoya dictaduras. pic.twitter.com/ffixAL4Ppa
Aunque la coyuntura se desarrolla en un contexto regional marcado por tensiones políticas, con referencias frecuentes al modelo económico de países como Maduro en Venezuela, el gobierno de Petro insiste en que la emergencia busca preservar la estabilidad institucional y evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
Con esta decisión, Colombia abre un nuevo capítulo de debate político y económico, mientras el Ejecutivo avanza en la adopción de medidas excepcionales para enfrentar una crisis fiscal que, según el Gobierno, exige respuestas inmediatas.
