Venezuela pidió apoyo a la OPEP ante lo que denuncia como un avance militar de EE.UU. que amenaza su soberanía, su industria petrolera y la estabilidad global.
Venezuela elevó este domingo el tono de su confrontación con Estados Unidos al solicitar formalmente la intervención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Washington de desplegar una estrategia militar y política destinada a desestabilizar al país y “apoderarse” de sus vastas reservas petroleras, las mayores del planeta.
La iniciativa fue presentada en una carta del mandatario venezolano, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante una reunión virtual del bloque energético.
Maduro sostiene que Estados Unidos impulsa “una agresión que se gesta con cada vez más fuerza”, respaldada por un operativo militar en el Caribe que, según afirma, excede por completo los argumentos norteamericanos sobre la lucha contra el narcotráfico.
“Una acción militar contra Venezuela pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado mundial”, señaló.
El gobierno venezolano reclama el apoyo del secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, y de los miembros de la alianza OPEP+, alertando que la escalada afecta tanto a productores como a consumidores.
El despliegue militar estadounidense incluye destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el mayor portaaviones del mundo, convirtiéndose en la operación más significativa en la región desde la crisis de los misiles en Cuba.
Caracas sostiene que estas maniobras no buscan frenar las rutas del narcotráfico, sino consolidar las condiciones para un cambio de gobierno.
Esta percepción se profundizó cuando el presidente estadounidense confirmó que habló recientemente por teléfono con Maduro, aunque sin revelar detalles sustanciales. Paralelamente, figuras del Partido Republicano aseguraron que Washington llegó a ofrecer a Maduro una salida segura hacia otros países, entre ellos Rusia.
El presidente estadounidense advirtió a aerolíneas y pilotos que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por posible actividad militar.
La medida desencadenó una ola de cancelaciones internacionales, dejando al país casi completamente aislado. En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó las concesiones de varias aerolíneas internacionales, acusándolas de alinearse con una política de “terrorismo” promovida desde Washington.
Este aislamiento tiene consecuencias directas sobre miles de venezolanos varados en el exterior. Maduro instruyó un “plan especial” para garantizar el retorno de estos ciudadanos y la continuidad de vuelos de salida para quienes deban viajar.
Según Delcy Rodríguez, el país activará “todos los mecanismos multilaterales” necesarios para exigir el cese inmediato de estas acciones, consideradas “ilegítimas e ilícitas”. La vicepresidenta también vinculó la posición estadounidense con sectores opositores venezolanos, en particular con la dirigente María Corina Machado, señalándola como promotora de una intervención militar internacional.
La situación escaló aún más cuando Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, afirmando que las operaciones militares estadounidenses representan un riesgo para “la seguridad del hemisferio”.
Paralelamente, Washington declaró haber destruido 20 lanchas vinculadas al narcotráfico, acciones que habrían dejado 83 muertos. Caracas rechaza la versión y asegura que las operaciones se realizaron en aguas próximas a su territorio, constituyendo una amenaza directa y provocando la muerte de ciudadanos venezolanos.
Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth calificó estas acusaciones como “falsas” y “peyorativas”, defendiendo la legalidad de los operativos.
En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció públicamente que entre las víctimas de los ataques hay ciudadanos venezolanos.
Rodríguez, principal interlocutor del gobierno ante Estados Unidos, afirmó que se reunió con familiares de los fallecidos y que propondrá la creación de una comisión parlamentaria para investigar los hechos.
El dirigente señaló que las familias han recibido amenazas para evitar que hablen, lo que consideró una violación de sus derechos y un intento de encubrir responsabilidades.
Caracas confía en que el bloque actúe como intermediario para frenar la escalada, preservar la estabilidad del mercado y defender los intereses de los países productores ante lo que considera una ofensiva que amenaza su integridad territorial, su estructura económica y sus derechos soberanos.
