La policía brasileña aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria, planeó solicitar asilo al gobierno de Javier Milei en 2024.

La revelación surge de un informe oficial en el que se pidió imputar al exmandatario y a uno de sus hijos por presunta obstrucción de la Justicia en el marco del proceso por intento de golpe de Estado. 

De acuerdo con las autoridades, en uno de los teléfonos celulares confiscados a Bolsonaro se halló un documento editable y sin firma en el que el exgobernante alegaba ser víctima de “persecución por motivos políticos”.

En el texto, el líder ultraderechista pedía refugio en Argentina y sostenía que en su país era objeto de medidas arbitrarias que limitaban su libertad. 

El informe de la Policía Federal detalla que el documento “posibilitaría su evasión hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación” por su rol en los hechos golpistas. Los agentes sospechan que la autora del borrador podría haber sido la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. 

El hallazgo se suma a la lista de complicaciones judiciales que enfrenta Bolsonaro. En julio, el Supremo Tribunal Federal le impuso medidas cautelares como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a redes sociales, ante el riesgo de fuga.

Posteriormente, se dictó prisión domiciliaria al constatar que había incumplido dichas restricciones. 

Otro Bolsonaro complicado…

La investigación también involucra a Eduardo Bolsonaro, otro de sus hijos, acusado de intentar presionar a la Corte Suprema y torpedear la causa por golpismo con apoyo de sectores en Estados Unidos. Según el informe, ambos habrían incurrido en delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, al intentar limitar el accionar de los poderes constitucionales. 

El caso se enmarca en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario por haber “liderado” una conspiración para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022.

El juicio, que comenzará el próximo 2 de septiembre, podría derivar en una pena de hasta 40 años de prisión para el expresidente. 

La dimensión internacional del proceso ya generó repercusiones. El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas, acompañado de sanciones contra jueces del Supremo Tribunal Federal, como muestra de su apoyo político a Bolsonaro. 

Con el inicio inminente del juicio, la revelación del plan de asilo a Javier Milei agrega un nuevo capítulo de tensión a la ya delicada situación del expresidente, cuyas posibilidades de evitar una condena severa parecen cada vez más limitadas.