El Tribunal Penal de Francia condenó a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en el caso de presunta financiación de campaña con dinero de Libia, aunque lo absolvió de corrupción.
El Tribunal Penal de París emitió el jueves un fallo histórico que vuelve a colocar al expresidente Nicolas Sarkozy en el centro del debate judicial y político en Francia.
El exmandatario fue declarado culpable de asociación ilícita en el marco del caso de presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero proveniente de Libia, bajo el régimen de Muamar el Gadafi.
No obstante, fue absuelto de los cargos de corrupción pasiva y desvío de fondos públicos, en una decisión que promete prolongar una saga judicial que ya lleva más de una década.
Para sus abogados, todo responde a una estrategia de venganza del clan Gadafi por el rol que Francia desempeñó en la caída del régimen en 2011.
La Fiscalía Nacional Financiera había solicitado siete años de prisión para Sarkozy, acusándolo de haber establecido un “pacto de corrupción fáustico” con uno de los dictadores más polémicos de las últimas décadas.
Según los fiscales, los fondos libios fueron utilizados para apuntalar la candidatura que lo llevó al Elíseo, comprometiéndose a cambio a favorecer la rehabilitación internacional de Libia.
El caso se ha visto marcado por las declaraciones y retractaciones de Ziad Takieddine, un empresario franco-libanés que en varias oportunidades afirmó haber entregado hasta cinco millones de euros en efectivo a Sarkozy y a su entorno cercano.
El tribunal también juzgó a figuras de confianza del expresidente, entre ellos Brice Hortefeux y Claude Guéant, así como a varios empresarios acusados de haber facilitado la presunta financiación. En conjunto, la fiscalía buscó demostrar que Sarkozy fue tanto beneficiario como artífice de la operación, aunque la defensa insiste en que nunca se hallaron rastros de dinero libio en sus cuentas de campaña.
En Francia, las condenas superiores a dos años de cárcel no pueden ser sustituidas por medidas alternativas como brazaletes electrónicos. No obstante, al tener más de 70 años, Sarkozy podría solicitar libertad condicional.
Este fallo se suma a un historial judicial ya cargado: el expresidente fue condenado en firme a un año de prisión por corrupción y tráfico de influencias en el caso conocido como “Bismuth”, sanción que cumplió recientemente bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.
Además, está pendiente el recurso por el caso “Bygmalion”, relativo a la financiación irregular de su campaña de 2012, donde recibió otra condena en apelación.
Más allá de las cuestiones legales, el caso plantea preguntas de fondo sobre la transparencia política en Francia y el impacto de las injerencias extranjeras en procesos electorales.
El expresidente, de 70 años, reaccionó con dureza, calificando la sentencia como “una infamia” y reiterando su inocencia. Durante los tres meses de juicio, Sarkozy sostuvo que no existe “ninguna prueba, ni un céntimo libio” que respalde las acusaciones.
Para la Unión Europea, el escándalo se suma a una creciente preocupación por los intentos de regímenes externos de influir en la política continental, con París convertido una vez más en el epicentro de una tormenta que mezcla justicia, poder y geopolítica.
