La ONU alerta sobre un aumento de ejecuciones en Corea del Norte, incluso por consumir cine y TV extranjeros, en medio de un clima de mayor represión y trabajos forzados.
El último informe de la ONU expone un panorama alarmante en Corea del Norte: la aplicación creciente de la pena de muerte contra ciudadanos sorprendidos viendo o compartiendo películas y series de televisión extranjeras.
Según el documento, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estas prácticas buscan reforzar el control absoluto que ejerce el régimen de Kim Jong-un sobre la sociedad.
Basado en más de 300 entrevistas a desertores y personas que escaparon del país en la última década, el informe concluye que la dictadura norcoreana ha intensificado la represión, incrementando la vigilancia tecnológica y ampliando el uso de castigos extremos, como ejecuciones públicas, para sembrar el miedo.
El Alto Comisionado Volker Türk afirmó que, si la situación persiste, los ciudadanos norcoreanos estarán condenados a “un sufrimiento aún mayor, represión brutal y miedo constante”.
Desde 2015, el régimen ha aprobado al menos seis leyes que amplían los supuestos para aplicar la pena capital. Entre ellos, ahora figura el consumo y distribución de contenidos audiovisuales extranjeros, una medida que refleja la obsesión de Kim Jong-un por limitar el acceso a la información externa.
Testimonios recogidos por la ONU revelan que desde 2020 han aumentado las ejecuciones públicas de personas acusadas de distribuir material surcoreano.
Un caso destacado es el de Kang Gyuri, quien escapó en 2023 y relató cómo tres de sus amigos fueron fusilados por poseer contenido audiovisual prohibido. Kang incluso presenció el juicio de un joven de 23 años condenado a muerte por este motivo.
El documento señala que al menos cuatro campos de prisioneros políticos siguen activos, donde se practican torturas, desapariciones y encarcelamientos de por vida. Aunque algunos reportes mencionan una ligera reducción de la violencia de los guardias, la situación continúa siendo una grave violación de los derechos humanos.
Cuando Kim Jong-un asumió el poder en 2011, parte de la población esperaba mejoras económicas y sociales. El líder prometió que los ciudadanos no tendrían que “apretarse el cinturón” y que habría un impulso económico combinado con la protección del país mediante armas nucleares.
Sin embargo, desde que el régimen rechazó la diplomacia con Occidente en 2019, los indicadores de derechos humanos y condiciones de vida se han deteriorado significativamente.
La mayoría de los entrevistados para el informe afirmaron no contar con suficiente comida, y que comer tres veces al día es un lujo. Durante la pandemia de COVID-19, la situación se agravó con escasez extrema de alimentos, muertes por hambre y un endurecimiento del control fronterizo con China. Las tropas recibieron órdenes de disparar contra quienes intentaran escapar, cerrando una de las pocas vías de salida.
Además del uso de la pena de muerte, el informe documenta un aumento en el trabajo forzoso. Familias pobres y huérfanos son reclutados en brigadas para tareas de alto riesgo como construcción y minería, donde las muertes son frecuentes. Lejos de mejorar las condiciones laborales, el régimen glorifica las muertes como sacrificios en nombre de Kim Jong-un.
La ONU recomienda remitir el caso a la Corte Penal Internacional de La Haya, pero este paso requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde China y Rusia han bloqueado sistemáticamente sanciones adicionales contra Corea del Norte desde 2019.
“Nuestros informes muestran un claro deseo de cambio, especialmente entre los jóvenes norcoreanos”, declaró Türk, subrayando la urgencia de una respuesta internacional coordinada frente a las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno de Kim.
