La ONU expresó este martes su profunda preocupación por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que la operación “socava un principio fundamental del derecho internacional”, al implicar el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado soberano.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó en Ginebra que el derecho internacional prohíbe de manera clara las amenazas o el uso de la fuerza entre Estados.

“Los Estados no deben recurrir a la fuerza para resolver disputas ni para imponer rendición de cuentas”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

Shamdasani rechazó las justificaciones presentadas por Washington, que argumentó la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela como fundamento de la operación.

Según la ONU, la rendición de cuentas por esos abusos no puede realizarse mediante intervenciones militares unilaterales que violen la legalidad internacional.

La Oficina de Derechos Humanos recordó que desde hace más de una década documenta el deterioro sostenido de la situación en Venezuela, incluyendo denuncias de represión política, restricciones a las libertades civiles y graves afectaciones sociales. Sin embargo, subrayó que esas preocupaciones no habilitan acciones armadas sin mandato internacional.

La portavoz advirtió además que este tipo de operaciones “envían la señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran”, lo que debilita el sistema multilateral y hace del mundo un lugar menos seguro, especialmente para los países más vulnerables.

Contexto internacional

La declaración se produce días después de la captura del presidente Nicolás Maduro, trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos judiciales. Para la ONU, la escalada militar y la creciente inestabilidad podrían agravar aún más la crisis venezolana.

Finalmente, el organismo reiteró que el futuro de Venezuela debe resolverse mediante mecanismos pacíficos, con pleno respeto al derecho internacional, la soberanía estatal y el derecho del pueblo venezolano a decidir su propio destino.