El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes estado de excepción en siete provincias ante las protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

La medida, que se aplicará en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, tendrá una duración de 60 días y contempla la suspensión de la libertad de reunión. 

El gobierno argumentó que los bloqueos provocaron complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos y afectaron el libre tránsito de las personas, causando paralización de diversos sectores económicos.

Las fuerzas policiales y militares están autorizadas para intervenir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana. 

Este martes, la Panamericana Norte, principal vía de acceso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra. El lunes, conductores de camiones habían cerrado algunas carreteras, las cuales fueron despejadas horas después sin que se reportaran heridos ni fallecidos. 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció una marcha para el 23 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio, mientras que estudiantes universitarios realizaron protestas en Quito durante la tarde del martes.

Estas manifestaciones reflejan la tensión social provocada por las decisiones gubernamentales sobre los combustibles y su impacto directo en el costo de vida. 

Ecuador: una historia que se repite

Históricamente, Ecuador ha registrado protestas significativas por aumentos en el precio de combustibles. Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron movilizaciones lideradas por la organización indígena Conaie tras intentar elevar los precios del diésel. 

El decreto presidencial enfatiza que las medidas buscan garantizar la normalidad en actividades económicas y proteger a la ciudadanía ante situaciones de riesgo.

Sin embargo, líderes sociales y estudiantes han expresado su preocupación por la suspensión de derechos fundamentales, como la libertad de reunión y expresión. 

El gobierno insiste en que estas acciones son necesarias para resguardar la seguridad, mantener el abastecimiento y evitar un colapso en sectores críticos de la economía, mientras que los manifestantes advierten que continuarán con sus movilizaciones hasta que se revisen las políticas sobre combustibles.