El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador, frenando la agenda de reformas de Noboa y abriendo un nuevo escenario político.
El contundente triunfo del “No” en el referéndum y la consulta popular de este domingo en Ecuador dejó un mensaje inequívoco: la ciudadanía rechazó de forma transversal el paquete de reformas institucionales promovido por el presidente Daniel Noboa.
Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el “No” se impuso en las cuatro preguntas con márgenes amplios: alrededor del 60% frente a la propuesta de permitir bases militares extranjeras; 57% contra la eliminación del financiamiento público a los partidos; 53% ante la reducción del número de asambleístas; y cerca del 61% en la consulta sobre convocar una Asamblea Constituyente.
Aunque los datos podrían ajustarse a medida que avance el escrutinio, la tendencia es irreversible.
Con los resultados ya establecidos, Noboa reconoció rápidamente el veredicto: “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”, escribió en X.
A la vez, afirmó que su Gobierno seguirá trabajando “con las herramientas que tenemos”, en referencia a que su agenda de cambios estructurales quedó bloqueada por el voto popular.
Las cuatro preguntas apuntaban a modificar pilares institucionales establecidos desde la Constitución de Montecristi, vigente desde 2008. La primera propuesta buscaba anular la prohibición expresa de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, reemplazándola por una definición más ambigua que describía a Ecuador como “territorio de paz”.
La segunda eliminaba el financiamiento estatal permanente a partidos y movimientos políticos; la tercera reducía drásticamente la Asamblea Nacional, pasando de 151 a 73 escaños; y la cuarta planteaba convocar una Asamblea Constituyente de 80 miembros para redactar una nueva Constitución, que luego debía someterse a referéndum.
El rechazo genera múltiples interpretaciones, pero envía al menos tres señales claras sobre el clima político del país. La primera es que el electorado —marcadamente joven, con un 26,7% entre 18 y 29 años, y casi la mitad del padrón menor de 40— no abrazó la agenda reformista del Gobierno.
Noboa presentó las medidas como una vía para enfrentar la crisis de seguridad y modernizar un sistema político que considera obsoleto. Sin embargo, una fracción significativa del país prefirió mantener el esquema institucional vigente: se conservaron las restricciones a bases militares extranjeras, se mantuvo el financiamiento estatal a los partidos, la Asamblea no se reducirá y no habrá proceso constituyente.
La segunda señal es la capacidad de las resistencias a articularse a pesar de una campaña corta y sin debates oficiales. El CNE autorizó a 16 organizaciones políticas y sociales a participar, y entre los impulsores del “No” se ubicaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), grupos sindicales y partidos de oposición.
Aunque distantes entre sí, coincidieron en cuestionar la apertura a fuerzas militares extranjeras, la eliminación de fondos públicos a los partidos y los riesgos de concentración de poder en un eventual proceso constituyente.
Del lado oficialista, el Gobierno, el movimiento ADN y partidos como CREO defendieron las reformas como instrumentos de eficiencia y transparencia, pero el apoyo no bastó para revertir la desconfianza generalizada.
Las experiencias previas también influyeron: la Constitución de 2008, producto de un amplio proceso constituyente liderado por Rafael Correa, dejó un legado ambivalente.
Por un lado, fortaleció derechos e instituciones de control; por otro, fue vista por parte de la ciudadanía como una herramienta para expandir el poder presidencial. Muchos votantes percibieron en la consulta de Noboa un posible retorno a un rediseño total del sistema, esta vez bajo su liderazgo.
La tercera señal es que el contexto nacional jugó un papel decisivo. Ecuador llegó a estas elecciones tras años de turbulencia: presidentes que no completaron sus mandatos, la disolución anticipada de la Asamblea en 2023 y una explosión de violencia criminal que ha transformado al país en uno de los más peligrosos de la región.
En este escenario, Noboa apostó por una estrategia plebiscitaria apenas siete meses después del balotaje que lo llevó al poder. Pero la campaña oficial, centrada principalmente en redes sociales y con escasas explicaciones técnicas, resultó insuficiente para convencer al electorado de adoptar reformas profundas.
El rechazo, además, no implica un cheque en blanco para la oposición. Aunque celebran el resultado como un freno a las ambiciones institucionales del presidente, los movimientos sociales y los partidos contrarios al Gobierno enfrentan ahora el desafío de construir propuestas alternativas.
El “No” funciona como un límite a la posibilidad de rediseñar el sistema político, pero no constituye un mandato claro hacia otra fuerza política.
Con el resultado final, Noboa queda políticamente debilitado. Su intención de reconfigurar el escenario legislativo con una Asamblea reducida, y sobre todo de obtener mayor margen para acuerdos de seguridad con potencias extranjeras, se estrelló con el voto ciudadano.
En los hechos, deberá gobernar bajo las mismas reglas institucionales, con una Asamblea fragmentada y en medio de una crisis económica y de seguridad que exige resultados urgentes.
Para la oposición, el triunfo del “No” es importante pero no definitivo. La ausencia de una alternativa cohesionada y de un liderazgo fuerte impide transformar este resultado en un giro político inmediato.
