El exdirector del FMI y exministro español Rodrigo Rato fue condenado a casi cinco años de cárcel por corrupción, blanqueo y delitos fiscales en España.
La justicia de España condenó este viernes al exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la sentencia e impuso a Rato una multa superior a los dos millones de euros, además de la obligación de abonar más de 568.000 euros a la Hacienda pública.
Rato, de 75 años, cometió tres delitos contra la Hacienda Pública entre 2005 y 2015. Durante ese período, según la Fiscalía, ocultó al fisco español alrededor de 8,5 millones de euros mediante un entramado de sociedades y cuentas bancarias en distintos países.
La investigación identificó operaciones financieras en Irlanda, Panamá y el Reino Unido, así como cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo y Mónaco.
Además, la justicia condenó al exvicepresidente del Gobierno durante la presidencia de José María Aznar por un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.
De acuerdo con el fallo judicial, Rato utilizó estructuras financieras complejas para enriquecer su patrimonio personal y eludir el pago de impuestos en España.
En declaraciones al diario ABC, Rato afirmó que recurrirá la sentencia. Aseguró que defenderá sus derechos en las instancias judiciales correspondientes y calificó la condena como “injusta y carente de base jurídica”.
En 2018, la justicia condenó a Rato a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en una de las causas derivadas del caso Bankia, entidad que presidió entre 2010 y 2012.
Sin embargo, en 2020 un tribunal lo absolvió en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, proceso que precedió al rescate de la entidad con fondos públicos por más de 22.000 millones de euros.
El proceso judicial actual también involucró a otras 15 personas, a quienes la Fiscalía acusa de colaborar en la creación del esquema fraudulento.
El Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, alcanzaban hasta 70 años de prisión, lo que refleja la magnitud de uno de los casos de corrupción económica más relevantes vinculados a un exalto cargo español con proyección internacional.
