La investigación judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vuelve a colocarse en el centro del debate político y mediático.

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado nuevamente a Gómez para declarar como investigada el próximo 19 de julio, en el marco de una causa que analiza presuntos delitos de corrupción privada y tráfico de influencias.

La citación fue reprogramada luego de que la comparecencia inicial, prevista para el 5 de julio, fuera aplazada por decisión del magistrado instructor, Juan Carlos Peinado.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que sostiene que Gómez habría actuado aprovechando su posición institucional como esposa del jefe del Ejecutivo.

Según la denuncia, Begoña Gómez habría intervenido de forma irregular en distintos ámbitos vinculados a su actividad profesional y académica.

Uno de los ejes centrales es la supuesta emisión de cartas de recomendación en favor del empresario Carlos Barrabés, cuyos proyectos habrían resultado beneficiados en concursos públicos por un monto cercano a los 10 millones de euros. Para los denunciantes, estas actuaciones podrían constituir un delito de tráfico de influencias.

Otro punto bajo análisis es el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigido por Gómez.

La acusación sostiene que el programa académico habría sido “diseñado a medida” por el propio Barrabés, quien posteriormente se incorporó como profesor asociado, lo que despierta sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

De qué se trata la causa

La causa también incluye referencias al rescate de Air Europa, aprobado por el Gobierno español en 2020 en el contexto de la pandemia de covid-19.

El paquete de ayuda, cercano a los 615 millones de euros, benefició a la aerolínea perteneciente al grupo Globalia.

Los denunciantes apuntan a una supuesta intermediación de Gómez en el proceso, aunque este extremo no ha sido acreditado judicialmente.

En relación con este punto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe en el que afirma que no existen pruebas que vinculen directamente a Begoña Gómez con la decisión del rescate.

Según la UCO, el único contacto constatado fue un encuentro circunstancial con un exdirectivo de Globalia, sin indicios de mediación ni influencia.

Otro elemento señalado es la relación entre Air Europa y el IE África Center, fundación que Gómez dirigía en 2020. La denuncia menciona un contrato confidencial por el cual la aerolínea habría abonado 40.000 euros anuales a la institución, además de beneficios en vuelos.

Sin embargo, hasta el momento, estos hechos no han derivado en imputaciones concretas respaldadas por pruebas concluyentes.

La figura del tráfico de influencias está regulada en los artículos 428 a 431 del Código Penal español, mientras que la corrupción entre particulares se contempla en el artículo 286 bis.

La investigación se encuentra en fase preliminar, lo que implica que el juez busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal.

La oposición acusa a Sanchez

En paralelo, la causa cuenta con una amplia y heterogénea acusación popular. Además de Manos Limpias, participan el partido Vox, la asociación Hazte Oír, el abogado y youtuber Aitor Guisasola y la formación política Iustitia Europa.

Todas estas organizaciones comparten una línea crítica hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado un intenso debate sobre la instrumentalización política del proceso judicial.

Desde el entorno del presidente del Gobierno se ha defendido la actuación de Begoña Gómez y se ha cuestionado la solidez de las acusaciones.

Sánchez ha reiterado su respeto por la independencia judicial, aunque ha denunciado la existencia de campañas de descrédito basadas en informaciones no contrastadas. La comparecencia del 19 de julio será clave para el futuro del caso.

La decisión que adopte el juez Peinado podría marcar un punto de inflexión tanto en el plano judicial como en el escenario político español, en un contexto de alta polarización y con la corrupción como uno de los ejes centrales del debate público.