El exmandatario cumple prisión preventiva en una “sala de Estado mayor”, un espacio reservado para autoridades con privilegios especiales en Brasil.
La detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro volvió a sacudir el tablero político de Brasil, no solo por el impacto jurídico y simbólico del arresto, sino también por las condiciones particulares de reclusión que le fueron asignadas.
Tras la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), el exmandatario fue trasladado a una celda conocida como “sala de Estado mayor”, un espacio reservado para autoridades con prerrogativas especiales.
El STF justificó la medida alegando “riesgo de fuga”, un argumento que marcó un giro en la situación judicial del líder conservador.
Hasta agosto, Bolsonaro cumplía arresto domiciliario, pero el juez Alexandre de Moraes consideró que ya no estaban dadas las condiciones para mantener ese régimen.
Según señaló la corte, la detención preventiva tampoco está vinculada directamente con su condena por intento de golpe de Estado, sino con factores procesales y de seguridad.
La “sala de Estado mayor” donde permanece recluido se encuentra en la sede de la Policía Federal del Distrito Federal y cuenta con 12 metros cuadrados equipados con baño privado, cama, escritorio, silla, televisor, un pequeño refrigerador, armario y aire acondicionado.
Estas condiciones remiten a estándares establecidos en la legislación brasileña para autoridades con privilegios especiales. La normativa dispone que quienes hayan ejercido altos cargos deben ser alojados en espacios dignos que garanticen su integridad física mientras estén detenidos.
El espacio es similar al que ocupó Luiz Inácio Lula da Silva durante su reclusión en Curitiba, antes de que su condena por corrupción fuera anulada. También recuerda el breve paso de Michel Temer por una celda de la Policía Federal en Río de Janeiro, en el marco de la Operación Descontaminación, derivada de Lava Jato.
La defensa de Bolsonaro había solicitado, un día antes de la detención, que el exmandatario permaneciera en su hogar por “razones humanitarias”, argumentando un delicado estado de salud.
Sin embargo, el STF rechazó el pedido y confirmó que la situación debía resolverse en un “régimen cerrado”, lo que implicaba su inmediato traslado a una unidad policial.
El complejo donde se encuentra recluido también funciona como centro de evaluación médica para detenidos, quienes deben ser examinados antes de su envío a establecimientos penitenciarios definitivos. En este contexto, el tribunal convocó a una audiencia de custodia por videoconferencia para supervisar garantías procesales y condiciones de reclusión.
Para algunos analistas, el fallo representa un mensaje contundente sobre la obligación de cumplir medidas judiciales sin privilegios indebidos. Para otros, alimenta la narrativa de persecución política que el propio Bolsonaro y sus aliados han sostenido durante los últimos años.
Mientras la causa avanza, el exmandatario permanece bajo vigilancia en una celda que, aunque más cómoda que la de un preso común, simboliza un nuevo capítulo en la turbulenta historia política reciente de Brasil.
